Política
Se trata de Facundo Albini

El concejal del FR señalado en el "Choco Gate" será defendido por el estudio Galasso, en la mira por "pedidos de coimas"

El edil massista Facundo Albini en medio de un entramado de sospechas por manejos irregulares de fondos.

Mientras sigue en curso la ia investigación judicial por el explosivo caso de “Chocolate” Rigau, que impactó de lleno en el epicentro de la política en plena campaña, trascendió que uno de los imputados como supuesto beneficiario de la extracción compulsiva e indiscreta de dinero en el cajero de 7 y 54, sucursal céntrica del Banco Provincia, el concejal massista Facundo Albini -también estaría involucrado su padre-, contrató un patrocinio jurídico “viciado” de sospechas.

Se trata del abogado Gustavo Galasso, a quien llamaron a indagatoria por pedir coimas para un fiscal. El letrado postergó la medida. En la dantesca escena aparece Javier Ronco, imputado por un doble crimen y preso por la llamada “megabanda de Melazo”, que declaró que le exigió 30 mil dólares para desligarlo de la causa

Según publicó el diario local El Día, “en el marco de la causa que investiga al ex fiscal Tomás Moran por el presunto cobro de coimas para “entorpecer y desviar investigaciones” penales, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo citó a indagatoria al abogado Gustavo Galasso, sospechado de haber pedido 30 mil dólares -en nombre del entonces funcionario- para “abstraer de la imputación como autor de un doble homicidio” a Javier Ronco, otro nombre conocido a partir del escándalo judicial que estalló hace un año.

En la causa, se explica en el matutino, se detalla que los hechos que le imputan al penalista fueron “entre el año 2008 y el año 2014”, durante la instrucción del doble homicidio de Carlos Rodríguez y María Martini, ocurrido el 5 de enero de 2008 en el camino Negro que une Villa Elisa con Punta Lara.

En aquel momento Galasso trabajaba como meritorio en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de La Plata, a cargo entonces de Moran, quien ya está imputado y fue detenido en septiembre del año pasado y con arresto domiciliario por cuestiones de salud.

Sospechan que Galasso realizó “varios actos traducidos en diferentes encuentros -al menos tres conocidos- con Javier Ronco, manejando información que le era suministrada por el entonces fiscal”, con el fin “de abstraerlo de la imputación como autor de un doble homicidio”.

El propio Ronco lo declaró el 7 de julio de 2015, recordando un día en que estaba en la puerta de la UFI 2: “En eso llega el Dr. Gustavo Galasso, conocido mío de muchos años... que Galasso me pregunta ‘qué hacés acá, estás loco, esperame en la escalera que hablo con Moran y te digo como va todo ...a los quince minutos sale Galasso, me abraza del cuello, me lleva a una escalera que hay en el fondo de ese pasillo, y me dice ‘andáte de acá que Moran te quiere meter en cana. Andáte pelotudo, después te llamo y te digo como lo podemos manejar (sic)’”.

En otro tramo de la declaración, Ronco refirió que Galasso lo citó en las oficinas del estudio de Fernando Burlando, donde trabajaba en aquel momento, donde le espetó: “Boludo estás hasta la ch..., Moran esta semana te imputa el doble homicidio...”, tras lo cual lo “tranquilizó” diciéndole que era “muy amigo del fiscal” porque “había trabajado muchos años con él” y prometió contactarlo al día siguiente. Refiere asimismo que el abogado lo citó después en la Plaza Islas Malvinas, donde fue -según Ronco- mucho menos sutil.

En ese marco y en medio de pormenores y datos que van trascendiendo, el abogado penalista platense Marcelo Peña, ex defensor de Ronco, confirmó que éste le “había expresado que Moran, a través de un abogado de La Plata, le había pedido una suma de dinero” y aunque declaró no “recordar el nombre del colega”, a partir del resto de la prueba los instructores concluyeron que “surge con meridiana claridad que se trataría del ahora imputado”, Galasso.

Albini y Raúl Pérez, en la mira

Como informó NOVA oportunamente, Albini y su padre, fueron señalados entre otros dirigentes como beneficiarios de parte del dinero que Rigou pretendía extraer del cajero ubicado a menos de cien metros de la Legislatura bonaerense. Tenía en su poder 48 tarjetas de débito de “empleados” de esa institución parlamentaria por un monto promedio de 400 mil pesos cada una.

En ese entramado de sospechas y maniobras turbias, estaría involucrado también el armador político del massismo a nivel nacional, Raúl “Cabezón” Pérez. La historia continuará, con final abierto…

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