Según se desglosa de las iniciativas elevadas por los concejales, se solicitó al Departamento Ejecutivo para que continúe, arbitrando los medios necesarios ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de BuenosAires, a fin de "poder restablecer la conducción de la Policía Local en manos de los Intendentes, como lo determina su norma creadora".

Al mismo tiempo, se solicitó "continuar instando al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a la efectiva conformación de la 'mesa de coordinación local' creada por Resolución Ministerial 341/2020, la cual no se encuentra funcionando desde el acto administrativo de creación".

En ese aspecto, también acompañaron un repudio "a la falta de acompañamiento por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad, a pesar de los reiterados pedidos de colaboración, para con los agentes municipales en ejercicio de sus funciones en los distintos operativos de control, prevención y fiscalización, que terminaron con episodios de violencia y lesiones, sin ningún tipo de respaldo más que el ejercido por funcionarios municipales".

Al respecto, se solicitó a su vez destacar la labor ejercida en el desempeño de sus funciones a los inspectores de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, que fueron agredidos en los operativos y otorgarles un diploma de "Honor al valor".

Comisión investigadora por la mega toma de Los Hornos

A la par, los concejales de Juntos en La Plata solicitaron la creación de una "Comisión Especial de Seguimiento" sobre la usurpación del "ex Club de Planeadores" de la localidad de Los Hornos.

El objetivo de la misma será evaluar el estado de situación del conflicto habitacional desprendido de la usurpación de las tierras; así como también invitar, recibir y escuchar a todos los actores y partes involucradas en el conflicto a efecto de que aporten estado de situación, ilustraciones y documentación que sea de utilidad para obtener un conocimiento amplio de las problemáticas, y que conlleven a un mejor proceder de la misma.

A su vez, se espera que por parte de la Comisión "se adopten medidas que tiendan a resolver las problemáticas habitacionales y de inseguridad de las personas involucradas en el conflicto".

En ese sentido, se remarcó en los fundamentos de la iniciativa que en reiteradas ocasiones "los vecinos han manifestado y denunciado que el predio se encuentra “manejado por referentes políticos”, donde se venden loteos realizados por éstos mismos, siendo tierras pertenecientes al Fisco".

"Han expresado, ante estos hechos delictivos, y siendo de suma gravedad, haber sido testigos de la presencia de algunos concejales del Frente de Todos y de funcionarios del Estado Provincial en complicidad con los hechos delictivos que allí se habrían suscitado", se expresa en la iniciativa elevada por el bloque de Juntos. Lo cual (según se considera) "atentarían contra las personas que poseen un problema habitacional auténtico".

Respaldo a las Cámaras de la construcción y sectores empresariales ante agravios sufridos

Por otra parte, el bloque de concejales respaldó el documento vertido por parte de la la Unión Industrial Del Gran La Plata; Apymeco (Asociación de Pymes de la construcción); Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU) y Acimco, respaldando la defensa frente a los agravios por ellos sufridos, ante su asistencia a una mesa de trabajo con funcionarios públicos en el marco del conflicto que atravesaban con la conducción de la UOCRA, Regional La Plata.

"Lo dicho, transcurrió, en el contexto de intentar abordar el conflicto que venían sufriendo hacía 20 años con la conducción de la UOCRA, Regional La Plata, mediante mecanismos forzados de agresión, bloqueos de obras y violencia, todos hechos que fueron debidamente denunciados ante la Justicia correspondiente", subrayaron.

A su vez, los ediles de Juntos subrayaron que "jamás fue el objeto la persecución sindical, el mismo es, la defensa del libre trabajo y en todo caso de los trabajadores, como ellos mismos lo son".

Al mismo tiempo, se enfatizó: "Durante 2 décadas fue conocido y sabido los mecanismos de dureza y violencia con que se dirigía, específicamente esa conducción hacia los empresarios de la construcción de la zona, alejando inversiones, paralizando obras y difundiendo el miedo entre ellos, produciendo un gran desmedro en el rubro para nuestra localidad".

"No puede nunca justificarse dicho accionar viviendo en democracia y teniendo los valores que establece nuestra Constitución Nacional y su par provincial", añadieron.