La dirigente platense Viviana Aguirre difundió un fuerte mensaje público en el que reclamó una "profunda reflexión nacional" sobre el tratamiento que reciben las víctimas de delitos graves en Argentina y cuestionó el rol de la dirigencia política y del sistema judicial.

En su planteo, sostuvo que las familias afectadas suelen ser escuchadas únicamente cuando los casos adquieren notoriedad pública o durante períodos electorales.

Aguirre apuntó contra distintos sectores del poder político y judicial, al asegurar que las víctimas de abuso, violación y otros delitos graves quedan relegadas mientras enfrentan el dolor, la impotencia y la falta de respuestas.

"Las víctimas no queremos ser un número más. No queremos ser utilizadas para una foto ni para una campaña electoral", expresó a NOVA, al tiempo que pidió mayor acompañamiento estatal y medidas concretas para prevenir nuevos hechos.

En ese marco, presentó públicamente el denominado Proyecto Ley Rocío, una iniciativa que busca impulsar el debate sobre penas más severas para delitos considerados aberrantes.

Entre las propuestas mencionadas figuran condenas de hasta 100 años de prisión efectiva para violadores, asesinos y pedófilos, sin beneficios ni reducciones de pena. Además, Aguirre planteó abrir una discusión nacional sobre la aplicación de la pena de muerte en casos extremos.

"El reclamo no es partidario, es humano", sostuvo a NOVA la dirigente de La Plata, quien cerró su mensaje reclamando mayor compromiso institucional con las víctimas y sus familias. "Porque sin justicia no hay paz. Y sin respeto por las víctimas no hay futuro posible", concluyó.