La investigación sobre las tarjetas de empleados legislativos abre nuevas líneas que alcanzan a dirigentes de distintos espacios. Todo comenzó el 9 de septiembre de 2023, cuando Julio "Chocolate" Rigau fue detenido en flagrancia mientras realizaba extracciones de dinero en un cajero automático ubicado en la esquina de las calles 7 y 54 de la ciudad de La Plata.

Al momento de su detención, la Policía encontró en su poder decenas de tarjetas bancarias pertenecientes a empleados vinculados a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Betina Lacki, quien impulsó una serie de medidas de prueba que terminarían convirtiendo el expediente en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años.

Según consta en la investigación judicial, Rigau fue sorprendido realizando extracciones con tarjetas asociadas a 48 empleados de la Legislatura bonaerense. La fiscalía avanzó posteriormente sobre posibles delitos de estafa, asociación ilícita y presunta defraudación contra la administración pública. Diversos informes periodísticos señalaron además que la maniobra podría haber movido millones de pesos mensuales mediante un sistema de retiros sistemáticos de efectivo.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona de los cajeros automáticos, los investigadores habrían detectado un patrón llamativo. En fechas y horarios similares a los registrados para Rigau, otro hombre realizaba extracciones bajo una modalidad que despertó sospechas. Las imágenes, siempre según fuentes vinculadas a la causa, incluso habrían captado encuentros y saludos entre ambos.

La fiscalía identificó a ese segundo hombre como Hugo Muguerza, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical platense y dirigente con trayectoria dentro de la estructura partidaria bonaerense. Diversas versiones políticas sostienen que Muguerza mantuvo durante años una estrecha relación con sectores alineados al senador provincial Maximiliano Abad, uno de los principales referentes del radicalismo en la provincia.

A partir de allí comenzaron a circular interrogantes dentro de la política bonaerense. Algunas hipótesis sostienen que el mecanismo investigado podría no limitarse a un único sector partidario, sino formar parte de un esquema mucho más amplio de financiamiento político informal. Hasta el momento, sin embargo, la Justicia no ha acreditado responsabilidades penales respecto de estas versiones ni ha formulado acusaciones públicas contra dirigentes de la conducción radical provincial.

La causa también se conecta con otra investigación que cobró fuerza durante 2024. Tras la imputación del exconcejal Facundo Albini y de su padre, Claudio Albini. (quien se desempeñó en áreas administrativas de la Cámara de Diputados bonaerense) surgieron indicios que apuntaban a presuntas maniobras similares mediante la utilización de prestanombres, contrataciones irregulares y administración de tarjetas vinculadas al cobro de salarios estatales.

El avance del expediente llevó incluso a que parte de la investigación fuera desdoblada. Mientras la fiscal Lacki continuó con el tramo relacionado con la Legislatura provincial, otros fiscales quedaron a cargo de líneas vinculadas al Senado bonaerense y a la Municipalidad de La Plata.

Dentro de este escenario aparecen también versiones políticas que apuntan a posibles acuerdos entre sectores del massismo y el garrismo con dirigentes que tuvieron responsabilidades en la administración municipal platense durante los últimos años. Estas hipótesis buscan determinar si determinadas contrataciones habrían servido para alimentar estructuras de recaudación política mediante trabajadores registrados que no cumplían efectivamente las tareas asignadas. Por ahora, se trata de líneas de investigación y especulaciones políticas que deberán ser corroboradas o descartadas por la Justicia.

Es precisamente en este punto donde el nombre de Hugo Muguerza vuelve a adquirir relevancia. El dirigente radical ocupó en el pasado cargos dentro de la Municipalidad de La Plata, bajo la intendencia de julio garro, entre ellos funciones vinculadas al área ambiental. Para algunos observadores del escenario local, esta circunstancia podría convertirlo en una pieza relevante para comprender si existieron conexiones entre distintas estructuras políticas que operaban simultáneamente en ámbitos provinciales y municipales.

Lo que comenzó con la detención de un puntero político frente a un cajero automático terminó transformándose en una causa que amenaza con poner bajo la lupa a sectores del peronismo, del massismo, del radicalismo e incluso del PRO platense. Mientras la investigación continúa acumulando pruebas, testimonios y peritajes, la principal incógnita sigue siendo la misma: si se trató de una maniobra aislada o de un sistema mucho más amplio de financiamiento político que durante años operó en las sombras de la administración pública bonaerense.

Con expedientes aún abiertos y numerosas derivaciones judiciales pendientes, el denominado "Caso Chocolate" se mantiene como una de las investigaciones de corrupción política más sensibles de la provincia de Buenos Aires, con potencial impacto sobre dirigentes de distintos espacios y consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de La Plata.